El gobierno municipal y el Concejo Deliberante discutieron puertas adentro pero acordaron medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus. Principio de acuerdo por los pagos a la Mutual de Guardavidas.
Por Ramiro Melucci
Hace 13 días, el intendente se sentó en la presidencia del Concejo Deliberante y anunció las prioridades legislativas de su gobierno. Mencionó la creación del Cuerpo de Patrulla Comunitaria, la reformulación de la Tasa de Servicios Urbanos, el proyecto “Compre Marplatense”, la eliminación de la tracción a sangre, la regulación de los cuidacoches, el incentivo al Parque Industrial, la “Ciudad del Conocimiento” y las habilitaciones comerciales.
Dos días después, Montenegro encabezó una reunión de gabinete en la que sus funcionarios acordaron con los concejales del interbloque oficialista cómo encarar cada proyecto. Pero la realidad es vertiginosa: nada de aquello estuvo en el centro de la escena política en los últimos días.
El destino de Montenegro parece estar ligado a las emergencias. La percepción empezó a tomar forma en los primeros días de la gestión, cuando debió hacer frente al voraz incendio de Torres y Liva, uno de los más grandes de la historia de Mar del Plata. En el gobierno municipal creían que después de ese episodio y de la temporada de verano se iniciaba la verdadera gestión de Montenegro. El hito inaugural era el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Pero otra vez la urgencia desvió el foco.
Los acontecimientos se precipitaron. El fin de semana, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, avisó al intendente que iba a necesitar la emergencia sanitaria para acelerar las compras y contrataciones. Al otro día, el municipio anunció públicamente su intención, y el martes fue presentado el proyecto en el Concejo. Desde entonces y hasta el jueves, el día que se aprobó por unanimidad, hubo fuertes discusiones con la oposición.
El cuerpo legislativo obró a la altura de las circunstancias: a pesar de las discrepancias, aprobó un texto unificado mediante el que creó un consejo asesor de prevención e intervención presidido por Montenegro y coordinado por Bernabei. También declaró por 90 días la emergencia sanitaria.
La decisión se tomó el mismo día en que los gobiernos nacional y provincial determinaran sus emergencias. Fue un acierto, sobre todo si se toma en cuenta que por las disidencias que había con el texto original los jefes de bloque llegaron a especular con posponer cinco días la definición.
Todos los sectores remarcaron el acuerdo. Coincidieron en que es la forma en que el Concejo debe trabajar para lograr las mejores soluciones. Es tan cierto como que el gobierno municipal no suele enamorarse de la redacción de sus proyectos: prefirió que se lo modificaran y asegurarse la aprobación antes que conservar su letra y quedarse sin ordenanza.
En el recinto primó la cordialidad. La oposición reconoció la predisposición del gobierno. El oficialismo agradeció los oficios de sus rivales. Y hasta los dos sectores que se responsabilizan mutuamente por la derrota electoral de octubre, el Frente de Todos y Acción Marplatense, cruzaron elogios.
El proyecto original disponía 180 días de emergencia, prorrogables por un plazo similar. Para aprobar el texto, el bloque kirchnerista puso, entre otras condiciones, la de acortarla a la mitad. Lo logró, pero se encontró al final del día con una emergencia de la Provincia por 180 días y de la Nación por un año. El contrasentido quedó expuesto.
La oposición también pretendía, y consiguió, alterar el orden de los factores. Que en primer lugar apareciera la creación del consejo asesor y en un segundo plano la declaración de emergencia. Argumentaba que de ese modo se evitaba el pánico. Otra vez: horas después, Axel Kicillof y Alberto Fernández no tomaron los mismos recaudos en sus respectivas emergencias.
Tanto el jueves como el viernes, Montenegro dijo que el Ejecutivo había propuesto al Concejo la creación del comité de expertos. En Acción Marplatense enfurecieron: “Hace más de 10 días presentamos el proyecto”. La redacción oficial disponía que las medidas y acciones iban a ser adoptadas por la Secretaria de Salud “en coordinación con otros órganos y entes descentralizados del municipio y las autoridades sanitarias dependientes tanto del Ministerio de Salud de la Nación (INE) como del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (Zona Sanitaria VIII)”. No hablaba expresamente de ningún órgano asesor, pero ese párrafo le alcanzó a Montenegro para apropiarse de la iniciativa.
La bronca del gobierno se concentró en el ex secretario de Salud de Pulti, piloto de tormentas durante la pandemia de la gripe A. El infectólogo Alejandro Ferro cobró protagonismo en las últimas semanas y confirmó antes que nadie, por Twitter, el primer caso de coronavirus en la ciudad. “Rompió el protocolo”, clamaron cerca del intendente, que se vio obligado a acelerar la comunicación oficial. Cuando al otro día el jefe comunal exigió una y otra vez “una comunicación prudente y responsable”, sus palabras, que no nombraban a nadie, parecían tener un solo destinatario.
Como si dataran de un tiempo remoto, las demás novedades de la semana quedaron eclipsadas por el coronavirus. La foto de Montenegro, Fernanda Raverta y el ministro Daniel Arroyo en la entrega de las tarjetas alimentarias. El encuentro del intendente con los legisladores de Juntos por el Cambio por el presupuesto provincial. La visita que hizo al ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone. Incluso la polémica por la Mutual de Guardavidas.
Ese último episodio tuvo un capítulo legislativo que no colmó los deseos del gobierno. El Ejecutivo no consiguió declarar la emergencia del servicio de seguridad en playas para pagarle a la entidad y dejar atrás esa controversia con el gobierno bonaerense. El oficialismo intentó tratar el proyecto sobre tablas, pero abandonó su intención cuando no consiguió el respaldo del Frente de Todos, fundamental para llegar a los 16 votos que necesitaba. El bloque conducido por Marcos Gutiérrez hizo notar, de paso, que en medio del brote de coronavirus el Ejecutivo quería sacar partidas de Tercera Edad, Niñez y Salud para cumplir con los guardavidas.
El proyecto quedó empantanado, además, por una cuestión de transparencia financiera: la entidad tardó más de lo aconsejable en rendir cuentas de los $ 12,9 millones que el otorgó el municipio como pago de noviembre. Y, según coincidieron oficialistas y opositores, esa rendición contuvo algunos puntos que no conformaron.
Esta semana el oficialismo transitará un camino más sencillo. Aprobará la emergencia en comisiones y convocará a una sesión extraordinaria. Ya con un principio de acuerdo y sin la presión de tener que juntar los dos tercios de los votos.